Qué es la Ley de Restauración de la Naturaleza

La Ley de Restauración de la Naturaleza es una norma europea que se aprobó en 2024, y que tiene por objetivo garantizar las acciones e iniciativas necesarias para reparar los ecosistemas y la biodiversidad dañadas dentro de la Unión Europea.

El proyecto de ley fue propuesto por la Comisión Europea, que es una administración encargada de proponer leyes en la UE. Después, pasó al Parlamento Europeo, donde los eurodiputados de los diferentes países tienen que debatir las propuestas para decidir si se aprueban o no y con qué modificaciones. Esta Ley se estuvo debatiendo durante mucho tiempo (casi dos años), y se terminó aprobando por un margen muy estrecho en febrero de 2024.

Contó sobre todo con la oposición del Partido Popular Europeo y de entidades que representan a grandes empresarios agrícolas, quienes esgrimen reservas acerca del impacto económico que puede tener la ley en el sector primario. Al final, el proyecto se ha aprobado en una versión bastante más suavizada de la propuesta inicialmente.

Desde la oposición se ha conseguido introducir un “freno de emergencia” de la Ley que permite detener temporalmente sus objetivos, en caso de circunstancias extraordinarias, como que se vea comprometida la capacidad de los agricultores de producir suficiente comida. 

En qué consiste la Ley de Restauración de la Naturaleza

Esta Ley se propone y se aprueba en el marco del Pacto Verde Europeo, que ya hemos explicado en este blog. El objetivo es garantizar la recuperación de los hábitats dañados de la UE, en especial aquellos que pueden ofrecer mayores servicios ecosistémicos, especialmente de secuestro de carbono, como los humedales, los bosques de ribera y las praderas submarinas. También se incluye a las especies que contribuyen a los equilibrios naturales, como aquellas polinizadoras (abejas, mariposas, hormigas, abejorros, colibríes, etc.), fundamentales, entre otras cosas para la producción de alimentos. 

La Ley propone recuperar al menos un 30% de ecosistemas en mal estado en los próximos cinco años, y la idea es haber llegado a un 90% de ecosistemas recuperados para el año 2050. Estos objetivos se establecen en relación a las obligaciones que adquieren con la aprobación de esta ley los estados miembros, que deben elaborar planes nacionales para cumplir con su parte (en España se están constituyendo las bases del plan nacional sobre la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas de 2021). 

Las reticencias que ha suscitado esta Ley tienen que ver, en su mayoría, con argumentos económicos, con posiciones de grupos parlamentarios que aún no priorizan la urgencia climática, y con el miedo a que la protección de espacios naturales impida al sector agrícola cultivar suficientes alimentos para abastecer a los habitantes de la Unión Europea (de ahí el “freno de emergencia” del que hablábamos antes). 

Una iniciativa respaldada por la comunidad científica

En mayo de 2023, más de 6000 científicas y científicos de todo el mundo firmaron una declaración de apoyo al Proyecto de Ley. En el texto del documento, explican que la medida ampliaría acciones que ya se estaban entonces llevando a cabo (y que ya habíamos acordado que eran necesarias), como la renaturalización de espacios, el replantado de árboles o la “verdización” de ciudades e infraestructuras. 

La carta también incluye puntos clave de hechos científicamente probados que se dirigen directamente a las reticencias que hemos mencionado anteriormente. A saber: 

La restauración (de la naturaleza) no impide la actividad económica

Se calcula que por cada euro invertido en la restauración de ecosistemas, se calcula un retorno de entre 8 y 38 euros en valor económico, gracias a los servicios ecosistémicos que apoyan nuestra salud, seguridad alimentaria y resiliencia climática, entre otras cosas. 

La restauración mejora la seguridad alimentaria

Contrariamente a los argumentos que esgrimen los sectores más conservadores del Parlamento Europeo, la comunidad científica explica que la ganadería intensiva es la mayor amenaza para los polinizadores europeos, que son los encargados de que la mayoría de plantas se puedan reproducir. Sin polinizadores, perderíamos pronto la mayoría de producciones de frutas, bayas, hortalizas y verduras. No habría más cacao ni más algodón, nos quedaríamos sin frutos secos, sin miel y sin café. Sin tabaco también, por cierto. 

La restauración y la protección no son la misma cosa 

Restaurar una zona o ecosistema no significa necesariamente que dicha área se convierta en zona protegida. Por ejemplo, las ciudades verdes nunca serían territorio protegido, pero sí recuperado. Los opositores de la ley temen que la industria ganadera y agropecuaria se quede sin espacios en los que llevar a cabo el ejercicio de su sector, pero la evidencia científica apunta exactamente a lo contrario. 

Es mucho más costoso sufrir las consecuencias del cambio climático que intentar revertirlas

Al contrario de lo que se cree, invertir fondos públicos o privados en restaurar la naturaleza nos ahorra dinero para el futuro. Nuestros ecosistemas proveen una cantidad enorme de servicios que necesitamos para vivir y que damos por descontados, precisamente porque la naturaleza nos los da gratuitamente. Pero si no tomamos medidas drásticas y apoyamos iniciativas que contribuyan a la restauración de ecosistemas, esto dejará de ser así: la naturaleza dejará de usar sus mecanismos, y notaremos inmediatamente las consecuencias, que serán de un coste inasumible.